En una economía con inflación y variaciones en el tipo de cambio, el análisis de la deuda puede llevar a conclusiones equivocadas.

Cual un clásico desde la restauración democrática aparece como tema polémico el análisis de la magnitud del endeudamiento provincial. En parte esto obedeció a acusaciones cruzadas de los gobiernos con respecto a su predecesor o a reticencia de ellos a transparentar las cifras reales.

El análisis debe permitir avizorar cuál es su verdadera dimensión y en cuánto afecta a los contribuyentes, que en definitiva deberán afrontar su pago.

En una economía con inflación y variaciones en el tipo de cambio, el análisis en valores nominales es parcial y puede llevar a conclusiones equivocadas ya que existen deudas que se ajustan por CER y otras nominadas en moneda extranjera, lo que hace que las deudas crezcan en parte sin que esto signifique haber tomado nuevos créditos. Así, la evolución del endeudamiento debe efectuarse en valores relativos vinculándolo al presupuesto que maneja anualmente un gobierno (ver cuadro de las relaciones de Córdoba en cinco años).

Analizando esos números de las cuentas provinciales se puede concluir:
1. El endeudamiento, en términos de ingresos, disminuyó desde 2005.
2. El pago de servicios de la deuda (intereses) también fue decreciente.
3. El resultado operativo cayó drásticamente en 2008 y se recupera en parte en 2009.
4. 2009 presenta déficit financiero luego de cuatro años de superávit.
5. Las transferencias del gobierno nacional vienen disminuyendo desde 2008 pero están por encima de la media de la década del 90 del 50 por ciento.
6. La inversión en obra pública disminuyó su participación relativa.

Pero, la preocupación surge no tanto del stock y perfil de la deuda en sí sino de las perspectivas de financiamiento futuro y de su pago toda vez que las provincias en general y Córdoba en particular dependen crecientemente de los recursos federales, fruto de políticas que han impuesto un centralismo casi absoluto. Eso explica, en mayor manera, la situación de déficit incipiente en que han caído las finanzas locales. Este déficit surge por el escaso margen del gobierno provincial para controlar el gasto, básicamente en salarios, ya que la pauta viene dada por el Gobierno nacional y es imposible apartarse de ella sin el riesgo de profundas crisis gremiales y por el crónico déficit de su sistema previsional.

Si bien la Provincia ha mejorado en los últimos meses su "recaudación propia" los ingresos de coparticipación se han deteriorado y las transferencias automáticas a las provincias con respecto a la recaudación total de la nación han disminuido desde un promedio del 41 por ciento en el período 1994-2001 al 32 por ciento en 2002-2009, por debajo del piso de coparticipación del 34 por ciento acordado oportunamente.

Una serie de eventos han perjudicado a las provincias haciéndolas retroceder en su participación en la masa recaudatoria. A modo de ejemplo: los recursos provinciales cedidos al sistema de seguridad social nacional, en el caso de Córdoba, significaron ceder 10.595 millones de pesos desde 1991 hasta 2007. El tema es que hasta ese año, la seguridad social a nivel nacional se financiaba con aportes y contribuciones, pero en agosto del 91, se traspasó también a ese sistema el 11 por ciento de los ingresos de IVA y el ciento por ciento del de bienes personales; un año después, el 20 por ciento del impuesto a las ganancias y el 15 por ciento de la masa coparticipable pasaron a ese fin; en 1996 fue el turno del 21 por ciento de los gravámenes a las naftas y del ciento por ciento de otros combustibles y la detracción de Ganancias de una suma fija de 580 millones de pesos anuales, destinando 120 millones al sistema de seguridad social; en el 98 también se pasó a ese sistema el 70 por ciento de la recaudación del monotributo y en 1999 se agregó el ciento por ciento del impuesto adicional sobre cigarrillos.

Basta este ejemplo para afirmar que la discusión de la deuda pública de Córdoba y de todas las provincias debería efectuarse en el marco de un nuevo compromiso federal con un acuerdo previo Nación-Provincias que desemboque en un nuevo régimen de Coparticipación Federal de impuestos.

Esto es así toda vez que al no haberse cumplido con el mandato constitucional de 1994 se ha resentido seriamente el esquema federal de asignación de recursos lo cual debilita sensiblemente a las provincias en general y a las economías regionales en particular.

Finalmente, para el caso de Córdoba debemos reiterar lo señalado en esta misma columna (http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=576436) cuando sosteníamos que “La solución para el problema de la Caja de Jubilaciones debe provenir de la alta política, esa que está en los discursos pero que poco se ve en la práctica. Córdoba tiene aquí una oportunidad de demostrar que se pueden instrumentar acuerdos (tanto que se habla de los Pactos de la Moncloa) para diseñar y poner en marcha políticas de estado. Ningún gobierno en soledad podrá resolver este problema. Hoy pueden sentarse las bases para dicha solución. Ningún partido político de Córdoba y mucho menos ningún ciudadano que aspire a gobernar esta provincia en 2011 deberían negarse a sentarse a la mesa para diseñar una política de consenso para afrontar la delicada situación del sistema previsional provincial. Conseguido ese objetivo allí sí deberán aparecer las herramientas económicas y actuariales que instrumenten dicho acuerdo. Todo lo demás será esfuerzo en vano.”

No caben dudas que una actitud de este tipo sería ejemplificadora y más útil que apelar a declaraciones altisonantes con mezquinos y prematuros intereses electorales.