La habitual tranquilidad del día de reyes se ha visto alterada a partir del pedido de renuncia al presidente del Banco Central de la República Argentina. El hecho en sí constituye una compleja situación con aristas institucionales, políticas y económicas.

Institucionales, ya que la autonomía que consagra la Carta Orgánica del BCRA, conlleva un mecanismo, tanto para la designación como para la destitución de sus directores, que requiere de ciertos requisitos que están taxativamente explicitados. En esta oportunidad el Dr. Redrado tiene un mandato con aval del Congreso de la Nación que vence en setiembre del corriente año. El pretendido alejamiento antes de expirar dicho término debería encuadrarse en lo establecido en el art. 9 de dicha norma: inobservancia de la normativa citada en un marco de incumplimiento de los deberes de funcionario público y con el “consejo” de una comisión especial del Congreso presidida por el presidente del Senado, en este caso el vice-presidente Julio Cobos. Pues
bien, hasta el momento, ninguno de estos extremos han sido cumplidos ya que no se argumenta el incumplimiento y menos aún ha intervenido la comisión señalada. Primer gran problema: la inobservancia de los cuidados institucionales que una medida de esta trascendencia debería tener.

Políticas, porque la decisión de la Presidente ha puesto en marcha una disputa a nivel de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria. Situación ésta que da lugar a expresiones de distinto calibre en un marco de enfrentamiento perdiendo la sana imparcialidad con la que debería ser tratado este tema. Segundo gran problema: se ha politizado lo que no debería serlo en un marco institucional previsible.

Económicas, porque más allá de la coyuntura que puedan exhibir los mercados durante esta situación y, más allá de su desenlace, las consecuencias sobre la economía real quedarán cuanto menos en estado latente. Tercer gran problema: la agudización de las dudas respecto a la credibilidad y seguridad jurídica, que Argentina necesita con urgencia despejar.
Máxime si se pretende volver a insertarse en el concierto económico y financiero mundial logrando refinanciaciones de deudas incumplidas y nuevos aportes en dicha materia.

Ahora bien es justo decir que el Dr. Redrado ha mantenido un delicado equilibrio manejándose dentro de ciertos límites que iban desde la independencia a la “coordinación” o “aceptación” de medidas dictadas por la política económica del gobierno nacional. El decreto de necesidad y urgencia instituyendo el Fondo de Bicentenario excedió dichos límites. Esto es así toda vez que aún no tiene ratificación del Congreso que está en receso. Debemos preguntarnos, que sucedería si el BCRA depositara las reservas solicitadas y luego el decreto no queda firme? Esto desde el punto de vista formal pero en lo sustancial también hay observaciones muy precisas acerca de la conveniencia de sana política económica en disponer de reservas para el pago de deudas del País. No deben acaso estas deudas cancelarse con recursos del presupuesto nacional? Será de aquí en más éste el mecanismo para afrontar dichas obligaciones? Cuál es entonces la verdadera situación fiscal de Argentina que debe recurrrir a sus reservas para afrontar obligaciones que vencen en los próximos meses? Será entonces sostenible la política de expansión del gasto público emitiendo moneda contra reservas del BCRA que se destinan a fondos específicos como éste del bicentenario? Porqué la urgencia de desplazar al Dr. Redrado si hemos concluído 2009 con récord histórico de recaudación? Porqué no dar intervención al Congreso de la Nación?

Cómo vemos son más las preguntas que las respuestas. Por lo tanto este episodio tiene un final abierto que sólo el tiempo y el devenir de los acontecimientos nos dirá cuánto habrá de influir y cómo, a partir de él, se puede salir fortalecido para superar los problemas institucionales, políticos y económicos aquí enunciados.